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El presente informe aborda la realidad de las políticas públicas educativas,  poniendo sobre la mesa que España es un país en el que se invierte de manera insuficiente en educación. Esta insuficiencia es aún más evidente en la precariedad del sistema de becas y ayudas al estudio, especialmente en las primeras etapas escolares obligatorias, donde la inversión a penas supera la mitad de la media de la UE-28.

Aborda también el diagnóstico de un país en el que las familias deben financiar los gastos de la educación. Libros de texto, comedor escolar, transporte, actividades extraescolares y de refuerzo educativo conforman los llamados costes indirectos de la educación, cuyos efectos sobre la equidad educativa y el bienestar de los niños y niñas son tan evidentes como desconsiderados por la política y la inversión pública. 

Las familias, pese a su empobrecimiento durante los últimos años, han de compensar las deficiencias  del sistema público incrementando su gasto educativo en un ya menguado presupuesto familiar. El disfrute del derecho se traslada al ámbito privado y depende de la situación familiar.

Otra de nuestras preocupaciones es el desequilibrio territorial a la hora del acceso y disfrute de estas becas y ayudas, esenciales para el bienestar infantil. Esta disparidad se traduce en que, en función del lugar de residencia de los niños y las niñas, tienen mayores o menores barreras para acceder a una educación en equidad.

En conjunto, el informe da cuenta y ofrece razones de cómo las ayudas públicas que se han dispuesto en los últimos años han sido insuficientes y no han compensado las carencias, cada vez más extendidas. Nuestro Estado, a través de políticas y  programas, como el sistema de becas y ayudas al estudio, analizado en este informe, debe garantizar el máximo de oportunidades educativas para todos y todas.

A través de este informe se constata que las becas y ayudas han sido insuficientes para años de pobreza infantil creciente, han tenido escaso impacto entre los sectores de la infancia en peores situaciones y existen desequilibrios territoriales en el acceso y disfrute de becas y ayudas para garantizar la equidad educativa y el bienestar infantil (resumen sacado del propio informe).